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Derechos de los ciudadanos, más allá de un plan de contingencia

Quedan unos 70 días para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, con o sin Acuerdo de Salida. Las medidas que se tomen – y las que no se hayan tomado – afectarán a casi cinco millones de personas, incluyendo a unos 175.000 españoles en el Reino Unido y a 315.000 británicos empadronados en España. Muchos de ellos han hecho su vida en el otro país bajo el amparo de la ciudadanía europea.

El próximo 15 de enero la Cámara de Comunes británica votará sobre el Acuerdo de Salida, y el nivel de incertidumbre en cuanto al resultado sigue altísimo. De hecho, las casas de apuestas (curiosamente una de las fuentes más consultadas) vaticinan distintos escenarios, desde un segundo referéndum a una salida sin acuerdo.

Varios países de la UE, con numerosos residentes británicos, han publicado planes de contingencia para gestionar el ‘no deal’

Ante esta situación, y el poco tiempo que queda para adoptar cualquier medida, varios países de la Unión Europea, con un número significativo de residentes británicos, han publicado planes de contingencia para gestionar una situación que en el mejor de los casos será complicada, y en el caso de no llegar un acuerdo, será un caos administrativo y logístico, y una pesadilla humana.

En Francia ya se ha aprobado una ley para poder garantizar a los residentes británicos el derecho a residir y trabajar, así como otros derechos de asistencia social y sanitaria. En Italia el gobierno ha anunciado que habrá legislación en breve para crear un periodo transitorio y que no hará falta que los británicos cumplan con los requisitos que actualmente se exigen a los nacionales de un tercer país para obtener el estatus de residente de larga duración.

En Alemania se ha decretado un periodo transitorio durante el cual se puede tramitar la nueva documentación y lo mismo pasa en Holanda, donde el nuevo estatus será otorgado a todos los residentes británicos que cumplan con los actuales requisitos de empadronamiento como ciudadanos europeos.

España, el país con mayor número de residentes británicos, no ha publicado las medidas que adoptará para afrontar la situación

España es el país de la Unión Europea con el mayor número de residentes británicos, no obstante, hasta la fecha no ha publicado las medidas que adoptará para gestionar la situación inminente de cambio de estatus legal de estas personas.

Está previsto que en febrero –a poco más de un mes del Brexit- el Gobierno apruebe un real decreto que contendrá las medidas para minimizar los efectos del Brexit ante “todos los escenarios”. El plan español se articulará en torno a las tres áreas de mayor impacto: normativa, logística e informativa.

Después del Consejo de Ministros del pasado viernes 11, la ministra portavoz, Isabel Celáa,  transmitió: “Queremos mandar un mensaje de tranquilidad a actores sociales, económicos e institucionales” que tienen conexiones con el Reino Unido.

Es una buena noticia, aunque para las personas afectadas por el Brexit –residentes empadronados, que cotizan a la Seguridad Social y pagan impuestos– sería más tranquilizante conocer medidas concretas que aseguren que puedan seguir haciendo su vida en España, sin mayores dificultades o interrupciones a su actividad.

La ministra adelantó que en breve estará disponible una página web con “todas las cuestiones, los escenarios y las medidas”, cuyo objetivo es, en sus palabras,”proteger los derechos de ciudadanía”.

Me tomo la licencia de recordar algunos puntos candentes, aunque también es cierto que desde EuroCitizens, llevamos más de dos años en conversaciones con la Administración, a la que hemos presentado informes sobre las implicaciones del Brexit para los británicos en España, por lo que confiamos que la página web incluya respuestas a ambos escenarios.

¿Cómo se va a gestionar el cambio de estatus jurídico de los residentes que en la actualidad cuentan con una tarjeta de identidad como ciudadano de la Unión Europea, que será inválida en cuanto pierdan su condición de ciudadanía europea tras el Brexit? Siendo aún ciudadanos europeos, hoy por hoy no podemos solicitar otro estatus y si no se prevén medidas de transición con efecto inmediato, podemos encontrarnos en un “limbo” administrativo durante la tramitación.

Si no hay Acuerdo de Salida, 315.000 británicos se pueden convertir en residentes ‘irregulares’ el 30 de marzo

Si no hay Acuerdo de Salida, 315.000 británicos se pueden convertir en residentes irregulares el 30 de marzo, y perder temporalmente el derecho a la asistencia sanitaria o social, incluso a trabajar.En todo caso, se requiere una celeridad que supondrá un esfuerzo casi sobrehumano para la Administración española.

Los británicos empadronados perderán su derecho de voto en las elecciones municipales, si no se aborda esta cuestión de manera urgente, de modo que los registrados en el censo español puedan votar en las elecciones locales de este año. Si no fuera así (y confiamos en la buena voluntad del Gobierno español), se producirían situaciones anómalas en Andalucía o en Levante  -cada una con más de 80.000 británicos empadronados -donde los representantes electos del municipio solo representarían a los no-británicos, es decir, a una minoría de los residentes.

En caso de no haber Acuerdo de Salida, será imprescindible asegurar, no solo la residencia, sino también los derechos económicos, de trabajo y de acceso al sistema de salud. ¿Cómo se gestionará la situación de los trabajadores autónomos, no cubiertos por la directiva europea sobre permisos? ¿Cómo se asegurará el reconocimiento y homologación de títulos académicos y profesionales?

En España viven unos 15.000 jóvenes británicos, nacidos aquí, que se sienten tan o más españoles y europeos que británicos

Sobre todo, con o sin Acuerdo de Salida, ¿cuál es el compromiso de la Administración española respecto a los británicos que hemos hecho de España nuestro hogar? Esta pregunta va más allá de la normativa sobre un período de transición, que en todo caso será relativamente breve: se refiere al compromiso de la Administración hacia los trabajadores, hacia los empresarios que crean negocios y puestos de trabajo, hacia los pensionistas cuyas comunidades también generan empleo y hacia los jóvenes, unos 15.000 británicos nacidos y criados en España, que se sienten tan o más españoles y europeos que británicos.

Señora Ministra, seguramente la comunicación de medidas reducirá la incertidumbre, pero para mandarnos un mensaje de tranquilidad, hace falta más que un plan de contingencia: necesitamos garantías a largo plazo de poder mantener nuestra vida aquí y nuestro vínculo tan estrecho con la sociedad española.

Camilla Hillier-Fry es vicepresidenta de EuroCitizens, asociación creada por ciudadanos británicos que viven, trabajan y estudian en España. Forma parte de British in Europe, la mayor coalición de ciudadanos británicos en Europa. Colabora con the3million y Españoles en el Reino Unido.

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