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Juicio histórico contra el desafío independentista catalán

El Tribunal Supremo juzga desde este martes a los líderes del 'procés' en una causa clave para la democracia

El Tribunal Supremo juzgará desde hoy a los doce líderes independentistas catalanes procesados por delitos de rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia grave en el sumario sobre el proceso secesionista de 2017, conocido como 'procés'. Se trata de la causa de mayor impacto político y social que se ha instruido en la Sala Segunda (Penal) no solo en los 40 años de periodo democrático, aseguran convencidos jueces y fiscales del caso consultados, sino probablemente desde el nacimiento mismo del alto tribunal hace más de dos siglos.

El juicio llega, además, en un momento relevante para la estabilidad de la legislatura, con la incógnita de la aprobación de los Presupuestos proyectando sobre el Supremo y el anuncio del Gobierno de que plantea adelantar las elecciones al mes de abril si no recibe el apoyo del PDeCAT y ERC en el Congreso a sus Cuentas. Y todo ello sólo dos días después de que las fuerzas de centro-derecha consiguieran reunir a escasos metros del Supremo, en la Plaza de Colón, a decenas de miles de personas por los guiños de Pedro Sánchez al independentismo.

Los acusados, nueve de los cuales están en prisión preventiva por riesgo de fuga, se enfrentan a penas conjuntas que suman 177 años de prisión y 204 años de inhabilitación absoluta. En su condición de presunto cabecilla, el actual presidente de Esquerra Republicana (ERC) Oriol Junqueras tiene el horizonte más complicado con una petición de cárcel de hasta 25 años como promotor de la rebelión. En segunda fila, con una petición de 17 años, están la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, también de ERC, y los dos líderes sociales del independentismo: Jordi Sànchez y Jordi Cuixart; mientras que la Fiscalía reclama al resto de los encausados entre siete y 16 años de prisión, respectivamente.

En su defensa del interés general, el Ministerio Fiscal sostendrá en el juicio que los encausados promovieron un plan secesionista desde las instituciones catalanas que puso en «grave peligro» el orden constitucional del Estado. Para ello incumplieron la legalidad estatutaria y las resoluciones administrativas y judiciales con el «objetivo último» de declarar la independencia de Cataluña y obligar al Estado a aceptar la separación de facto. Una finalidad rebelde que estuvieron «a punto de lograr» con sus actos delictivos.

Para defender la comisión de estos graves delitos, los fiscales tratarán de convencer al tribunal –formado por siete magistrados y presidido por Manuel Marchena– de que el plan contemplaba la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida la «violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido». Se valían para ello de la fuerza intimidatoria que representaban, por un lado, la «actuación tumultuaria» desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas por los acusados; y del otro, del uso de los Mossos d'Esquadra como cuerpo policial armado integrado por 17.000 agentes.

Este es, en resumen, el relato acusatorio de la Fiscalía, que sí aprecia la presencia de violencia en la ejecución del 'procés' y, por lo tanto, de rebelión. En contraposición, el tribunal conocerá la versión más edulcorada de los hechos delictivos que presenta la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno y de los intereses estatales (en este caso a través del delito de malversación de caudales públicos: 1,9 millones de euros para promover el referéndum del 1 de octubre de 2017 anulado por el Tribunal Constitucional). Los servicios jurídicos dependientes del Ministerio de Justicia parten de la premisa de que no hubo rebelión ni violencia, sino un delito de sedición. Esto es, «alzarse pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales». El resultado es que la petición de penas máximas se reduce a la mitad para Junqueras, doce años de prisión, y entre siete y once años y medio para el resto de procesados.

El escaparate de Vox

En cambio, la acusación popular del procedimiento, representada por el partido Vox, endurece su petición en línea con la tesis política de que hubo un «golpe de Estado» en Cataluña. Así, eleva hasta los 74 años de cárcel su reclamación para el líder de ERC y exvicepresidente de la Generalitat por dos delitos de rebelión, uno de organización criminal y otro de malversación. Mismas penas por los mismos delitos para cinco de los exconsejeros presos: Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull. Mientras que pare el resto oscilan entre 24 y 52 años. Será el juicio, sin duda, un buen escaparate para esta fuerza emergente y que, según las

Las defensas de los doce procesados, como es obvio, comparten en sus escritos los mismos fines, la absolución de sus clientes, pero no los medios para conseguirlo. Pretenden que sean absueltos o esquiven, al menos, una abultada pena de prisión. Pero cada uno ha trazado su propio camino. Hay quienes plantearán un «juicio político» –que dan por perdido de antemano– y fían todo su suerte a una segunda vuelta en la justicia europea. Y los hay que, por el contrario, se ven capaces de ganar la batalla jurídica y de convencer al tribunal presidio por Manuel Marchena –ponente a su vez de la sentencia– de que no hubo rebelión, sedición ni malversación.

El juicio comenzará con las cuestiones previas, que bien podrían prolongarse el resto de la semana, hasta este jueves, con lo que los procesados no comenzarían a declarar hasta la próxima semana.

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